Desde el pasado martes 17 de diciembre entró en vigor el dictamen para crear el Registro Nacional de Medidas para Proteger a Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, publicado  en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, iniciativa avalada por el Diputado Federal priista por el Noveno Distrito, Noel Chávez Velázquez  y su bancada,  fue enfático en señalar que: “No hay, ni habrá nunca justicia sin la protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes.”

El legislador informó que el pasado 11 de diciembre, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de medidas de protección y derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.

Consideró que la violencia familiar es un problema público complejo, grave y persistente, las formas en las que se vulnera a las mujeres en sus derechos, requiere medidas de protección urgentes para prevenir la escalada de la violencia, proteger a las víctimas y sancionar a los agresores.

El dictamen propone diversas modificaciones y adiciones para prevenir la escalada de la violencia y del feminicidio, protección de las víctimas, sanción de los agresores, garantizar el acceso a la justicia y atención a la violencia estructural. Decreta que es obligación de la policía, cuando se trate del cumplimiento de las órdenes de protección, estar a lo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el caso de dar cumplimiento a los mandamientos ministeriales y jurisdiccionales que les sean instruidos. Se otorgan facultades y atribuciones a las instituciones de Seguridad Pública para otorgar medidas u órdenes de seguridad inmediatas a víctimas de violencia, para dar una respuesta pronta y expedita del Estado a toda petición de protección de las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Integra en las funciones.

Pero, ante esta situación Noel Chávez, dijo basta con emitir medidas de protección; las autoridades deben realizar un seguimiento continuo para asegurar su cumplimiento y la seguridad de las víctimas, evaluar periódicamente la efectividad de las medidas  para identificar áreas de mejora y asegurar que se están logrando los objetivos de prevenir y erradicar la violencia de género.

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